La opinión pública española debate estos días sobre los límites al derecho constitucional a la libertad de expresión. La orden de ingreso en prisión contra el rapero Pablo Hasél o la condena contra un sindicalista gallego por las palabras proferidas contra la bandera y el Ejército en el marco de una movilización obrera, son muestras de una preocupante deriva hacia un mundo en el que la palabra, el arte o la crítica pública se ven estrechamente limitados, con las consecuencias que ello puede tener para la construcción de una sociedad civil abierta, plural e informada.